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En los últimos meses se han publicado diferentes trabajos y estudios, elaborados por muy diferentes actores de la educación, que han puesto la vista en los problemas de la profesión docente. Problemas como las condiciones de trabajo (salarios, ratios, horas lectivas, etc.), dificultad para la gestión de la diversidad de las aulas, falta de formación para afrontar algunas situaciones que antes no se daban, etc.
Pero, si hay un tema estrella, o dos, serían la burocracia y las ratios, al menos, en los centros públicos y entre los docentes consultados.
Burocracia
La burocracia es una bola de nieve que ha ido creciendo más o menos rápido en los últimos años independientemente del color de la Administración educativa autonómica de turno. «Hago actas para un departamento unipersonal, el mío», aclara Octavio Prieto, profesor de Economía en un instituto castellano-manchego.
No es un caso aislado. Actas de reuniones con familias que casi con total seguridad no leerá nadie nunca; protocolos de todo tipo que requieren después dejar constancia en el «sistema» quién hizo qué, cuándo y dónde. El objetivo, lo tienen claro en los despachos de diferentes territorios: defenderse y defender a la administración educativa si alguna instancia requiere una información concreta porque ha habido un problema. Poco más. Una burocracia que no busca la mejora de procesos o actuaciones, sino dejar constancia en un gran archivo que, por supuesto, nadie leerá.
Esto lo tiene claro Carmen Yuste, profesora de Geografía e Historia en un centro de difícil desempeño de Sevilla y anterior responsable en el sindicato USTEA. «En Andalucia hay unos 150.000 docentes rellenando programaciones, actas, informes, etc. La administración no tiene capacidad de leer toda esa información con atención ni de extraer conclusiones. Ni siquiera de echarle un vistazo». Se calcula que en la Comunidad Autónoma hay 245 inspectores.
Esto lo confirma María (nombre ficticio), maestra en un colegio público de infantil y primaria en Madrid. En el despacho que tienen dedicado al archivo hay carpetas con fecha de 2008. Están obligadas a conservar esta documentación años y años sin que la revise nadie. «Es frustrante, explica Prieto, escribir informes que sabes que nadie leerá».
«Dedico muchas horas a la burocracia», explica este profesor. Un trabajo que entiende, en muchos casos, inútil y, como asegura, «el trabajo inútil genera malestar». Eso sí, concede que «somos administración y, por lo tanto, administrativos. Hay una parte del papeleo razonable: programaciones, preparar clases, evaluar, justificar la evaluación, los informes del alumnado…». Pero el papeleo ha aumentado. «Antes, la información que se daba a las familias era menor; ahora damos tanta que no la ven».
Yuste, además de profesora, es tutora y jefa del departamento en el que trabaja. Esto implica que tiene que triplicar los informes. Algunos los escribe para leerlos ella. «El 99 % de lo que relleno no se lo lee nadie. Y si alguien se lo lee, pero todo queda como estaba, es casi peor». Ella y sus compañeros, no solo de claustro, escriben informes de grupo, para atención individualizada, para refuerzo, para los repetidores… «con la convicción generalizada de que van al limbo». «Si esos papeles tuvieran reflejo en mayores herramientas, la frustración seria menos».
«Perdemos mucho tiempo en el por si«, explica Noemí Infantes, profesora de Lengua en Cádiz. Habla de una «burocracia movida a justificar suspensos o evitar reclamaciones. En 20 años me han reclamado solo una vez».
Adide es la asociación que reúne a la mayor parte de las y los inspectores de educación. Hace algún tiempo elaboró un calculo sobre el numero de personas que se encargan de esta tarea en todo el país. Son 1.566, aproximadamente, para cubrir el trabajo de casi 800.000 docentes.
Ratios
Si hablamos de las dificultades en las aulas y no nombramos la ratio, lo más probable es que alguien se ofenda. Pero bien es cierto que para algunos no es el problema fundamental.
«Dese la pandemia acá, los problemas se han multiplicado. Estoy en un centro no especialmente conflictivo, pero hemos visto un cambio, y lo comparto con todos los compañeros: los cambios de leyes constantes, la burocracia aparejada, y las familias. Estos son mis tres problemas principales», asegura Noemí Infantes, profesora de Lengua en Cádiz.
«La ratio ha de bajar, por supuesto, explica Infantes. Si tienes 33 chavales, tienes 33 familias, otras tantas citas e informes. Quien da Música o Educación Física o algunas optativas, de pocas horas, tiene 130 alumnos. No puedes personalizar».
«La ratio es el melón más grande», asegura Prieto. Aunque hace matices, porque «en bachillerato puedo explicar a 30 y funcionan», pero en los primeros cursos de secundaria «el poquito de jaleo se multiplica si hay más» estudiantes. A lo que se suma la imposibilidad de atender al alumnado cuando hay dificultades. «No quiero clases particulares, pero de 30 a 20 se no mucho. Con 20 sé en qué se equivoca o tiene dificultades cada uno, pero con 36…», asegura.
Yuste asegura que en Andalucía se trabaja con las ratios máximas que permite la normativa estatal y que el famoso 10 % de margen para la matrícula sobrevenida se ha convertido en la norma. De esta forma «podemos llegar a 27 en primaria, 33 en la ESO y 42 en bachillerato».
Tiene claro que las ratios ahora no son las de los años 80 o 90, son menores, pero la diversidad y complejidad de las aulas ha aumentado mucho. «Y las herramientas que tenemos son las mismas que hace décadas: algún profe de apoyo a tiempo parcial, algún PT o AL, orientadores, escasos… El profesorado tira de voluntarismo».
El problema de esto, como de lo que comentaba Prieto antes, es que «ves a chavales que no llegan y que no les puedes atender como requeriría porque no tienes tiempo. Eso lleva a la frustración». Y para cerrar el círculo, como explica Yuste, «la administración me exige muchos informes para dar ayuda a este alumnado, pero hago esos informes y si, al final, no me da nada, genera más frustración».
Y esta docente es una «privilegiada» porque, al trabajar en un centro de difícil desempeño, la ratio que maneja está por debajo de la habitual, de entre 20 y 25 estudiantes en secundaria. Aún así, asegura que «para un centro de difícil desempeño, no debería ir más allá de 15». El alumnado puede tener problemas con el idioma de enseñanza, tener familias desestructuradas, algún progenitor en la cárcel o desconocido, problemas de salud mental, de abusos en casa. «No se trata de trabajar solo contenidos académicos sino que requieren una atención, un arrope y cuidados muy personalizados», explica.
Lectivas
La pelea por las horas lectivas ha sido protagonista extraña de una huelga de dos días en la Comunidad de Madrid que se ha visto muy empañada por el apagón del pasado 28 de abril. En cualquier caso, esta comunidad será la que más tarde devuelva a su profesorado de primaria y secundaria a las horas lectivas previas a los recortes de 2012.
Es una pelea que se suele esgrimir desde hace años pero por la que muchos docentes ya no se movilizan. Desde Madrid, María explica que para ellas la huelga ha sido complicada. Como es cargo directivo fue nombrada servicio mínimo, de manera que no se tuvo el dilema de elegir entre hacerla y no. Pero critica que la plataforma Menos Lectivas y los sindicatos convocantes se han centrado de más en la situación de secundaria, dejando a las compañeras de infantil y primaria sin cobertura. Lo mismo que le critica a los sindicatos firmantes del acuerdo que, en realidad, no supone mejora alguna para ellas.
Defiende que, antes de disminuir las horas lectivas, se debería trabajar en políticas de conciliación como la apertura de los centros educativos fuera del horario de clases para que chicas y chicos pudieran asistir a las extraescolares y otras actividades y no estar, como ocurre en el barrio en el que se encuentran, en infralocales sin buenas condiciones de aislamiento y salubridad. Una conciliación que, obviamente, también las beneficiase a ellas, puesto que muchas de ellas también tienen personas al cargo.
También exige más recursos en forma de apoyos al profesorado en sus clases, para lidiar con la diversidad del aula. Pero unos recursos bien planificados y gestionados que tengan en cuenta las necesidades de los centros.
Desde la posición de equipo directivo señala el aluvión de tareas administrativas que recae sobre ella y las compañeras directora y secretaria. Labores que van desde la gestión de recursos humanos a la vigilancia presupuestaria del comedor, la contratación de una enfermera a través del AMPA… «Necesitamos una definición clara de las funciones, y no solo el equipo directivo. Las profesoras todas hacen de todo».
Durante el rato que pasamos en su despacho entra varias docentes para solicitar días de libre disposición. No es la excepción. También está la gestión de contratos con agentes externos, los permisos de lactancia, el contrato con la compañía eléctrica, la gestión de colchonetas que les cede un centro cultural, los billetes de avión del viaje de los de 6º… La lista es interminable y en el correo solo hay avisos rojos más urgentes que importantes.
Para ellas, el acuerdo con la Consejería de Educación ha supuesto que una de las horas exclusivas que tienen ya no sea obligatoria pasarla en el centro. Tiene 25 horas lectivas semanales y cinco más de exclusiva. Esas 30 horas tienen que pasarlas en el centro educativo. A partir del próximo curso, solo 29.
En la lista de necesidades de las y los docentes raramente aparece el salario. Ninguna de las personas consultadas para este texto lo menciona motu proprio, mientras que la burocracia es el primero de los asuntos que aparece sobre la mesa. Quien dice burocracia dice tareas puramente administrativas que podría y debería solucionar personal no docente.
Sobreprotección familiar
Un elemento que genera tiranteces pero que en realidad no es demasiado nombrado, o no muy directamente, son las familias. Noemí Infantes lo señala claramente, la relación con las familias. En la encuesta que la semana pasada publicó CCOO este era un problema importante para uno de cada cuatro docentes.
«Socialmente estamos sobreprotegiendo a los chavales», asegura esa profesora. «Les vemos como niños, pero no lo son» y ejemplifica con las criticas que recibió en su momento cuando por motivo de un viaje a Roma de unos pocos días varias familias se quejaron porque el alumnado tendría varias horas libres en un día. El alumnado de entre 17 y 18 años de edad, «que pueden votar en unos meses». «O que protesten por la comida que se les va a dar. La generación de cristal es culpa nuestra», sentencia.
Denuncia que cada vez hay más docentes quemados por todas estas cuestiones. «¿Para qué me voy a «pelear» con las familias? Es menos trabajo, menos reclamaciones, niños más contentos». Habla de cómo, por ejemplo, suspender al alumnado supone la obligacion de hacer un informe con las medidas especificas para trabajar con dicho joven de cara a que apruebe. Lo mismo no ocurre cuando se aprueba. «Muchos compañeros comentan: ‘Si suspendiendo tengo más trabajo, los apruebo y ya está'».
«Doy clase a los alumnos de diversificación. Lo que sea con ellos. Lo disfruto, me rio, no estoy amargada, no estoy resentida», explica Infantes.
Prieto explica que, para él, parte del asunto es que «han cambiado las circunstancias y los alumnos ahora son más infantiles. No es que se haya perdido respeto, pero es mas difícil mantener el orden en clase». Para este veterano la cosa pasa, más allá de las pantallas, por que «la forma de relacionarnos con la autoridad ha cambiado». A esto, claro, se suma el hecho de que les resulta más difícil mantener la atención; «es difícil competir con TikTok».
A pesar de que, explica, se ha perdido cierto «respeto» a la autoridad, entendido como respeto a la persona que dirige la clase, que tiene más conocimiento, «prefiero que tengan capacidad de hablar y de discutir conmigo».